San Raymundo Jalpan, Oaxaca, 29 de septiembre de 2026. El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil (CEPIADET), en coordinación con la diputada local Analy Peral Vivar, presentaron ante el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca de la LXVI Legislatura una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca en materia de derechos lingüísticos.
La propuesta responde a una problemática que el CEPIADET ha documentado por más de 15 años. Si bien el derecho de las personas indígenas a utilizar su lengua y contar con la asistencia de un intérprete está reconocido y protegido en diversos instrumentos de derechos humanos de orden nacional e internacional, lo cierto es que persisten barreras que impiden y obstaculizan ejercerlos plenamente.
Entre estas barreras se encuentra la falta de mecanismos institucionales que garanticen la disponibilidad de personas intérpretes y traductoras con el perfil adecuado, lo que ha propiciado que, en muchos casos, su designación dependa de decisiones improvisadas de las autoridades y recaiga en personas hablantes que no necesariamente son intérpretes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha precisado este aspecto y ha establecido un orden de prelación para llegar a designar a una persona como intérprete práctico, previamente deben agotarse las gestiones administrativas para localizar a un intérprete certificado.
Esta situación cobra especial relevancia en Oaxaca por su amplia diversidad lingüística. En la entidad, más de 1.2 millones de personas hablan alguna lengua indígena, no obstante, se estima que existen solamente 177 personas intérpretes certificadas. Esta brecha limita el acceso efectivo a distintos servicios públicos y puede ocasionar que las personas enfrenten procedimientos judiciales, trámites administrativos o actuaciones ante las autoridades sin comprender plenamente el contenido de sus declaraciones, documentos o decisiones que están relacionados con su proyecto de vida.
Frente a esta problemática, la iniciativa presentada propone incorporar a la Ley mencionada un nuevo capítulo denominado “De los Derechos Lingüísticos”, integrado por los artículos 72 al 81. Con ello se busca garantizar que las personas indígenas y afromexicanas puedan acceder a la jurisdicción estatal y a los servicios públicos en la lengua de la que sean hablantes, tomando en cuenta sus especificidades culturales. Para hacerlo efectivo, la propuesta establece que las autoridades deberán implementar las acciones necesarias para brindar asistencia con pertinencia cultural y lingüística mediante personas intérpretes y traductoras.
Como parte de estos mecanismos, se plantea la creación del Registro de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas de Oaxaca (RITLIO) que funcionaría como instrumento oficial para la asignación de estos servicios en las dependencias y entidades públicas. Para su integración, se prevé la colaboración y coordinación con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otras instancias gubernamentales. Asimismo, la iniciativa contempla procesos permanentes de formación, profesionalización, actualización y evaluación en ámbitos como justicia, salud, educación, programas sociales y trámites administrativos.
La propuesta también busca atender otra problemática que históricamente han enfrentado quienes realizan labores de interpretación y traducción: la falta de criterios homogéneos para su remuneración. En este sentido, se propone establecer un tabulador oficial que garantice pagos dignos, equitativos y progresivos, de acuerdo con la especialidad técnica, la variante lingüística y la complejidad del servicio. Al respecto, el tabulador deberá contemplar procedimientos para cubrir los gastos de transporte, hospedaje y alimentación que se requieran para la prestación de estos servicios.
Para la presentación de la iniciativa, la diputada Analy Peral Vivar contó en tribuna con interpretación consecutiva al mixteco del oeste alto, realizada por la intérprete Gaby León Ortiz. De esta manera, la presentación de una propuesta legislativa sobre derechos lingüísticos estuvo acompañada por el uso de una Lengua Indígena en la propia tribuna del Congreso.
Para el CEPIADET, este hecho tiene un significado particular: el reconocimiento de la diversidad lingüística de Oaxaca no debe limitarse al contenido de las leyes o al discurso institucional, sino debe de dotarse de contenido y reflejarse también en las prácticas de las instituciones públicas. Esto implica generar condiciones para que las lenguas indígenas puedan ser utilizadas y escuchadas en los espacios donde se discuten asuntos públicos, se toman decisiones y se ejercen derechos.
Desde el CEPIADET reiteramos que garantizar los derechos lingüísticos requiere reconocer y fortalecer el trabajo de las personas intérpretes y traductoras, asegurar su formación y profesionalización, y establecer condiciones dignas para el desempeño de su labor. Al mismo tiempo, corresponde a las instituciones asumir la responsabilidad de destinar los recursos y generar los mecanismos necesarios para que la lengua que habla una persona no constituya una barrera para el ejercicio de sus derechos, esto como parte de la obligación constitucional de remover obstáculos para que las personas indígenas puedan hacer uso de sus derechos humanos.
Comunicado de prensa:
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