![\\\"enoc-clavijo-en-audiencia\\\"](\\\"https:\/\/cepiadet.files.wordpress.com\/2017\/07\/enoc-clavijo-en-audiencia.jpg\\\")
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En sesi\u00f3n de 31 de mayo de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) al resolver el amparo en revisi\u00f3n 913\/2016, a propuesta del Ministro Arturo Zald\u00edvar Lelo de Larrea, determin\u00f3 que no existe impedimento para que los defensores p\u00fablicos biling\u00fces adscritos al Instituto Federal de Defensor\u00eda P\u00fablica (IFDP) puedan ser designados por las autoridades ministeriales o jurisdiccionales como peritos pr\u00e1cticos en lenguas y culturas ind\u00edgenas, siempre y cuando no sea posible encontrar un perito oficial o pr\u00e1ctico a trav\u00e9s de otros medios.<\/p>\n
El asunto proviene de un proceso penal seguido en contra de dos personas que en sus declaraciones refirieron ser integrantes del grupo \u00e9tnico \u201cmixe\u201d, quienes eran asistidos por un defensor particular. Durante el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n, el Tribunal Unitario que conoci\u00f3 del asunto requiri\u00f3 a la Delegada del citado Instituto en el Estado de Oaxaca para que realizara las gestiones necesarias para designar a un Defensor P\u00fablico que hablara la lengua y cultura de los procesados, o bien, a un int\u00e9rprete.<\/p>\n
En respuesta a lo anterior, la citada Delegada design\u00f3 a un defensor p\u00fablico federal en lenguas ind\u00edgenas como int\u00e9rprete, bajo la condici\u00f3n de que los inculpados designaran a la defensora federal adscrita al tribunal como su abogada. Para sustentar lo anterior, la Delegada invoc\u00f3 el art\u00edculo 16 de las Bases Org\u00e1nicas del referido Instituto, el cual establece que \u201cel servicio es incompatible con el patrocinio particular\u201d.<\/p>\n
Mediante acuerdo, el Tribunal Unitario ejerci\u00f3 un control ex officio de constitucionalidad a partir del cual determin\u00f3 que el precepto invocado por la Delegada deb\u00eda ser inaplicado en el caso concreto, por contravenir el derecho humano de una defensa adecuada de las personas ind\u00edgenas. En consecuencia design\u00f3 al defensor p\u00fablico federal biling\u00fce para que fungiera como int\u00e9rprete en todas las diligencias en las que intervinieran los sentenciados, apercibiendo tanto al defensor como a la Delegada con multa, en caso de que no cumplieran con lo solicitado.<\/p>\n
En contra de este \u00faltimo acuerdo, la Delegada promovi\u00f3 juicio de amparo, el cual le fue negado. Al respecto, el tribunal que conoci\u00f3 del juicio consider\u00f3 que era innecesario hacer un control de constitucionalidad ex officio en tanto que el precepto invocado no era aplicable en este supuesto, aunado a que la posibilidad de que los defensores p\u00fablicos funjan como int\u00e9rpretes se desprende de la propia Constituci\u00f3n y de la ley. Esta \u00faltima resoluci\u00f3n constituye el objeto del recurso de revisi\u00f3n resuelto por la Suprema Corte.<\/p>\n
En la sentencia, la Primera Sala determin\u00f3 que de acuerdo con la interpretaci\u00f3n que ha venido sosteniendo la Suprema Corte respecto del art\u00edculo 2\u00aa, Apartado A, fracci\u00f3n VIII, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, as\u00ed como de la interpretaci\u00f3n de la Ley Federal de la Defensor\u00eda P\u00fablica, no existe impedimento para que los defensores p\u00fablicos biling\u00fces adscritos a dicha instituci\u00f3n, puedan ser designados por las autoridades ministeriales o jurisdiccionales como peritos pr\u00e1cticos en lenguas y culturas ind\u00edgenas, cuando no sea posible encontrar un perito oficial o pr\u00e1ctico a trav\u00e9s de otros medios.<\/p>\n
De acuerdo con la Sala, tal circunstancia responde a la necesidad y obligaci\u00f3n del Estado mexicano de garantizar, a trav\u00e9s de todos los medios disponibles y a su alcance, la posibilidad de proveer a las personas ind\u00edgenas de la asistencia de una persona que conozca su lengua y cultura, para estar as\u00ed en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a una defensa adecuada. Lo cual no solo resulta congruente con el mandato del art\u00edculo 2\u00aa constitucional, sino que tambi\u00e9n es compatible con las facultades y atribuciones que constitucional y legalmente les han sido conferidas a estos servidores p\u00fablicos.<\/p>\n
Por otro lado, la Sala precis\u00f3 que esta designaci\u00f3n es constitucional y legalmente posible, incluso cuando el inculpado es asistido por un defensor particular. Ello, toda vez que el hecho de que la persona ind\u00edgena sujeta a un proceso penal designe voluntariamente a un abogado particular que no conoce su lengua y cultura, de ninguna manera releva al Estado de la obligaci\u00f3n de darle la oportunidad de ser asistida por una persona que conozca sus especificidades culturales. Aun en estos casos las autoridades tienen el deber ineludible de darle la posibilidad al procesado de contar con una persona que conozca su lengua y cultura, a fin de que cuente con todos los elementos necesarios para defenderse.<\/p>\n
No obstante lo anterior, el Tribunal aclar\u00f3 que la designaci\u00f3n de defensores biling\u00fces para que funjan como int\u00e9rpretes en un proceso penal no debe realizarse en forma autom\u00e1tica. Antes de requerir al IFDP, a fin de que designe a un defensor para que asista a una persona \u00fanicamente como int\u00e9rprete y no como defensor, las autoridades judiciales y ministeriales que intervienen en el proceso \u2014en quienes recae tal obligaci\u00f3n\u2014 deben agotar la posibilidad de encontrar un perito oficial a trav\u00e9s de alguna instituci\u00f3n, federal o local, as\u00ed como verificar si es posible designar un perito pr\u00e1ctico a trav\u00e9s de otros medios; por ejemplo, un perito pr\u00e1ctico respaldado por la comunidad o que cuente con alg\u00fan tipo de certificaci\u00f3n institucional.<\/p>\n
De acuerdo con la Primera Sala, tal forma de actuar no s\u00f3lo tiene por objeto hacer una designaci\u00f3n eficiente entre los diversos medios con los que cuenta el Estado para cumplir sus obligaciones constitucionales, sino que adem\u00e1s busca garantizar que las personas ind\u00edgenas tengan la posibilidad de ser asistidas por el personal m\u00e1s id\u00f3neo para ello, lo cual se consigue cuando tienen la posibilidad de ser asistidas por peritos int\u00e9rpretes debidamente certificados como tales.<\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo anterior, la Sala concedi\u00f3 el amparo a la Delegada del Instituto Federal de la Defensor\u00eda P\u00fablica para el efecto de que el tribunal responsable dejara insubsistente el acuerdo impugnado y, en su lugar, requiriera a las autoridades oficiales en la materia (como el Instituto Nacional de Lenguas Ind\u00edgenas, Comisi\u00f3n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Ind\u00edgenas e, incluso, al Consejo de la Judicatura Federal, entre otras) a fin de que provean lo necesario para designar a un perito oficial que conozca la lengua y cultura de los procesados. En el entendido de que s\u00f3lo en caso de que no sea posible designar un perito oficial o un perito pr\u00e1ctico a trav\u00e9s de cualquier otro medio, se podr\u00e1 requerir al Instituto Federal de la Defensor\u00eda P\u00fablica, a fin de que designe a un defensor p\u00fablico biling\u00fce para que asista a los procesados como int\u00e9rprete.<\/p>\n
Tomado del comunicado de la SCJN\u00a0http:\/\/www.internet2.scjn.gob.mx\/red2\/comunicados\/noticia.asp?id=4553<\/p>\n
Foto tomado de\u00a0https:\/\/www.elheraldo.co\/cesar\/legalizan-captura-exgerente-de-eps-indigena-investigado-por-peculado-333375<\/p>\n
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