Violeta Hernández Andrés[1] Casi se cumplen 40 años del Congreso Nacional Indígena y con ello de la emisión de la Declaración Política nombrada Nunca más un México sin nosotros. En su contenido se encuentra la exigencia inamovible del “reconocimiento de nuestras diferencias y nuestra capacidad para gobernarnos con una visión propia en que la autonomía y la democracia se expresan como poder del pueblo”, esta exigencia traducida a derecho se ha incorporado a diversos instrumentos de protección a derechos humanos; sin embargo, la exclusión y violaciones sistemáticas hacia los derechos de pueblos indígenas se han intensificado y escalado

Gerardo Martínez Ortega* El 30 de mayo de 2009, Marcelino Mejía García fue detenido por Policías Municipales de Pinotepa Nacional, Oaxaca, estos a su vez lo entregaron a los Agentes Estatales de Investigación (AEI) quienes lo torturaron todo el día para incriminarlo en la muerte de una persona ocurrida ese mismo día. De acuerdo con su testimonio, parte de la tortura consistía con golpearlo en distintas partes del cuerpo, toques eléctricos en los testículos, sumersión de su rostro en una cubeta de agua, asfixia mediante el empleo de una bolsa de plástico, amenazas constantes de dañar a su familia.

En sesión de 4 de mayo de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer su facultad de atracción bajo el expediente 19/2016, en un asunto en el que pueden determinarse los alcances del derecho al acceso a una educación aceptable para comunidades indígenas. En el caso, se promovió un juicio de amparo en el que se propuso una interpretación de los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución Federal, así como de diversas normas internacionales, entre ellas, el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales

Comunicado de prensa. No. 082/2016 Ciudad de México, a 5 de mayo de 2016 themexicantimes.mx En sesión de 4 de mayo de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer su facultad de atracción bajo el expediente 19/2016, en un asunto en el que pueden determinarse los alcances del derecho al acceso a una educación aceptable para comunidades indígenas. En el caso, se promovió un juicio de amparo en el que se propuso una interpretación de los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución Federal, así como de diversas normas internacionales,