Violeta Hernández Andrés[1]
Casi se cumplen 40 años del Congreso Nacional Indígena y con ello de la emisión de la Declaración Política nombrada Nunca más un México sin nosotros. En su contenido se encuentra la exigencia inamovible del “reconocimiento de nuestras diferencias y nuestra capacidad para gobernarnos con una visión propia en que la autonomía y la democracia se expresan como poder del pueblo”, esta exigencia traducida a derecho se ha incorporado a diversos instrumentos de protección a derechos humanos; sin embargo, la exclusión y violaciones sistemáticas hacia los derechos de pueblos indígenas se han intensificado y escalado a niveles escalofriantes. Por ejemplo, en México, los Pueblos Indígenas tienen un mayor rezago en indicadores sociales y económicos en comparación a las comunidades no indígenas del país, y cuentan con un índice de desarrollo humano de 11.3% menor que el resto.
Para ello, aunque los pueblos y comunidades se encuentran innovando estrategias de resistencia, paralelamente se simulan transformaciones estructurales y se desarrollan discursos que precisamente tienden a justificar la desigualdad para normalizarla, como algo que no tiene remedio o que es “culpa” de las mismas personas que integran los pueblos originarios.
Una muestra de exclusión, que también es sistemática, puede observarse en las campañas políticas que se realizan en diversas entidades de la república mexicana, sobre todo en Oaxaca. Ante ello, vale la pena contextualizar que la entidad concentra 15 Pueblos Indígenas y el pueblo afromexicano, se hablan 176 variantes lingüísticas de las 364 que se reconocen en el país lo cual es “comparable a la que se registra en todo el continente Europeo”; más del 70% de los municipios nombran autoridades bajo sus propios sistemas normativos; además, los principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indican que el 65.7% de la población oaxaqueña se considera indígena.
En este punto, es preciso mencionar que en la realidad cotidiana de las personas, los pueblos y las comunidades indígenas, las expresiones de la política no son tajantemente limitativas a las elecciones, más bien, esto trasciende a los pilares de lo comunal, ello implica que la construcción de ciudadanía va más allá de contar con la credencial para votar, así cada uno de los sistemas normativos indígenas definen los mecanismos para reconocer la ciudadanía que se caracteriza por tener un papel activo frente a la comunidad.
Entonces, ¿cómo se mira lo indígena en la entidad que ocupa el primer lugar en diversidad cultural y lingüística a nivel nacional?, ¿cómo se confluye la diversidad cultural desde la perspectiva de derechos en unas elecciones como la actual? Lamentablemente, del actual proceso podemos advertir la vigencia de lo indígena únicamente como objeto de campañas electorales y que a través de su uso los candidatos y candidatas buscan legitimarse. Ningún aspirante ha precisado de manera clara la forma en que respetaran las visiones de cada uno de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, nadie señala cómo se construirán los planes de gobierno a partir de reconocer que las personas, los pueblos y las comunidades tienen derecho a participar en la toma de decisiones y; por lo tanto, capacidad para guiar su destino, que cuentan con el derechos de libre determinación y la autonomía y que son corresponsables de mantener la gobernabilidad en la entidad.
Más bien, vemos el uso reiterado de “lo indígena” sólo en cifras, encasillando a las personas que asumen dicha identidad como eternos pobres, analfabetas que deben ser tuteladas o solo tomadas en cuenta en cuestiones focalizadas y rurales. Por lo tanto, la vigencia de lo indígena como objeto de campañas electorales, reproduce y, con ello, fortalece la visión estereotipada de “lo indígena”, que por un lado es motivo de “orgullo” y por otro lado, es un “problema” para el desarrollo. Esta repetición generalizada de discursos posibilita la continuidad de las violencias coloniales y neoliberales, que tiene efectos sobre toda la población.
Por consiguiente, al no incluir la perspectiva intercultural, la añorada democracia se encuentra incompleta desde su raíz. Así tenemos a los partidos políticos como reproductores de esta visión equivocada a modo, “consolidando” un esquema que no corresponde al contexto socio-histórico y dejan de lado el respeto de los derechos humanos de la población indígena, a nivel individual y colectivo.
Recordemos que el marco constitucional y convencional reconoce que la diversidad cultural y lingüística es uno de los elementos constitutivos de los Estados y en consecuencia, se debe hacer posible su permanencia a través del ejercicio de derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Incluso, como lo indica Rachel Fajardo, la “falta de acciones que contemplen la diversidad de los Estados crea déficit de la legitimidad de la institucionalidad jurídica oficial”, debido a ello, los partidos políticos tendrían que partir de diálogos interculturales para determinar sus directrices; para el caso particular, en las campañas políticas de Oaxaca, necesitamos hombres y mujeres que conozcan y retomen el bagaje normativo que reconoce el pluralismo jurídico y los derechos diferenciados. De esta manera podrían construir propuestas responsables, coherentes y profesionales donde lo indígena sea actor y no insumo de su plataforma política y de los planes de desarrollo.
En síntesis, la vigencia de lo indígena como objeto de campañas electorales, mas que permitir la permanencia de la diversidad cultural y lingüística, tiende a su asimilación. En un proceso de gran trascendencia como el que esta en marcha, se abre la posibilidad de materializar las reivindicaciones del Congreso Nacional Indígena de 1996: “participar en la construcción de un nuevo pacto social que se base en el reconocimiento de nuestra pluralidad, la diversidad de nuestras culturas y la riqueza de nuestras diferencias”.
[1] Coordinadora de Incidencia, Investigación y Diálogo Intercultural del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil (CEPIADET).
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Twitter: @Pioleta
Artículo publicado originalmente en EL TOPIL, número 27 correspondiente al mes de mayo de 2016, http://www.educaoaxaca.org/images/stories/topil/TOPIL27.pdf pero adaptado para su publicación en este espacio, ello con la autorización de la autora.