El caso de tres indígenas de Chiapas a los que Migración quiso expulsar a Guatemala Una familia indígena en San Cristóbal, Chiapas. SAÚL RUIZ \»Decidí aceptar que era originario de Guatemala\», relató un indígena mexicano. Esta frase extraída de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos resume el absurdo episodio de tres tzeltales de Chiapas a los que agentes de migración de su país detuvieron durante nueve días y quisieron expulsar al vecino del sur, ignorando sus reclamos de que eran nacionales. El caso, que eleva a cotas kafkianas la discriminación étnica en México, ocurrió en septiembre

Claudia Peralta Vázquez Cristina Victoria Kleinert, egresada del Doctorado en Investigación Educativa, destacó que en México son insuficientes los traductores e intérpretes de lenguas nacionales que brindan atención y acompañamiento –dentro del servicio público– a hablantes de alguna lengua indígena que están privados de su libertad. En su examen de grado defendió el tema “Formación e iniciación profesional de intérpretes de lenguas nacionales mexicanas para la justicia: el caso de Puebla”, el cual fue aprobado por unanimidad y con mención honorífica por los miembros del jurado. Este logro la cataloga como la primera egresada del Doctorado en Investigación Educativa

Oaxaca, México, 8 de junio de 2016.- En la sesión del pasado 8 de junio de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el Recurso de Revisión 192/2016, en el que concedió el amparo promovido en contra de la omisión del Ejecutivo Federal de traducir el texto íntegro de la exposición de motivos y del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001, a la lengua indígena mixe medio y de difundirla. En la resolución, la Sala argumentó que si la

A los candidatos a gobernador del estado A las y los candidatos a las diputaciones locales A las y los candidatos a las presidencias municipales Al pueblo de Oaxaca: El panorama general del estado expresa rezagos profundos  e innegables en materia económica, política y social. La alternancia del 2010, demostró que la voluntad política de cambio del estado, expresados en ese proceso electoral, no se tradujo en  avances significativos  de la población en las distintas esferas de la vida social. Avanzó la libertad política expresada en el ejercicio del voto;  pero no hubo avances o fueron menores, con respecto

Oaxaca, México, 2 de junio de 2016.- En sesión de 1° de junio de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 242/2015, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, que tiene que ver con el procedimiento que deben seguir las autoridades judiciales o ministeriales para designar el perito práctico en lenguas indígenas. La Primera Sala atrajo un amparo en revisión que permitirá fijar un criterio de interés nacional en cuanto a las facultades del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP),

Oaxaca, México, 2 de junio de 2016.- En sesión de 1° de junio de 2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 242/2015, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz, que tiene que ver con el procedimiento que deben seguir las autoridades judiciales o ministeriales para designar el perito práctico en lenguas indígenas. La Primera Sala atrajo un amparo en revisión que permitirá fijar un criterio de interés nacional en cuanto a las facultades del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP),

  Violeta Hernández Andrés[1] Casi se cumplen 40 años del Congreso Nacional Indígena y con ello de la emisión de la Declaración Política nombrada Nunca más un México sin nosotros. En su contenido se encuentra la exigencia inamovible del “reconocimiento de nuestras diferencias y nuestra capacidad para gobernarnos con una visión propia en que la autonomía y la democracia se expresan como poder del pueblo”, esta exigencia traducida a derecho se ha incorporado a diversos instrumentos de protección a derechos humanos; sin embargo, la exclusión y violaciones sistemáticas hacia los derechos de pueblos indígenas se han intensificado y escalado

Gerardo Martínez Ortega* El 30 de mayo de 2009, Marcelino Mejía García fue detenido por Policías Municipales de Pinotepa Nacional, Oaxaca, estos a su vez lo entregaron a los Agentes Estatales de Investigación (AEI) quienes lo torturaron todo el día para incriminarlo en la muerte de una persona ocurrida ese mismo día. De acuerdo con su testimonio, parte de la tortura consistía con golpearlo en distintas partes del cuerpo, toques eléctricos en los testículos, sumersión de su rostro en una cubeta de agua, asfixia mediante el empleo de una bolsa de plástico, amenazas constantes de dañar a su familia.

En sesión de 4 de mayo de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer su facultad de atracción bajo el expediente 19/2016, en un asunto en el que pueden determinarse los alcances del derecho al acceso a una educación aceptable para comunidades indígenas. En el caso, se promovió un juicio de amparo en el que se propuso una interpretación de los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución Federal, así como de diversas normas internacionales, entre ellas, el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales

Comunicado de prensa. No. 082/2016 Ciudad de México, a 5 de mayo de 2016 themexicantimes.mx En sesión de 4 de mayo de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer su facultad de atracción bajo el expediente 19/2016, en un asunto en el que pueden determinarse los alcances del derecho al acceso a una educación aceptable para comunidades indígenas. En el caso, se promovió un juicio de amparo en el que se propuso una interpretación de los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución Federal, así como de diversas normas internacionales,