Intervención de actores políticos debilitan los sistemas de justicia indígena

Santiago Jamiltepec, Oaxaca, a 14 de diciembre 2015.- Las autoridades de diferentes comunidades indígenas de la región Costa de la entidad oaxaqueña coincidieron en señalar que uno de los factores que debilitan sus sistemas de justicia es la intervención de los partidos y organizaciones políticas. Por ejemplo, José Ruiz Quiroz, secretario auxiliar del Sindico municipal de Santiago Ixtayutla, Oaxaca, manifestó que la división política existente en esa comunidad merma la figura del síndico para resolver los problemas que se presentan, esto porque las partes en lugar de acudir con la autoridad, prefieren recurrir a sus respectivos grupos de filiación partidista pero éstos no tienen un reconocimiento en la comunidad para resolver conflictos.

La autoridad, detalló que en su comunidad, a pesar del aspecto político, la figura del “tatamandón” sigue siendo fundamental porque fungen regularmente como intermediarios entre las partes y contribuyen directamente en la resolución de los conflictos que se presentan, son los tatamandones  quienes dialogan con las personas involucradas en un problema determinado explicándoles la razón de ser de la comunidad y la importancia de mantener la cohesión y la paz social.

En la misma sintonía, Paulino Quiroz Quiroz, agente de Policía de la población de El Huamuche, Ixtayutla, explicó que “los asuntos de carácter político, le han hecho mucho daño a las comunidades, este es el caso de El Huamuche, en donde existen grupos de poder que quieren decidir por encima de la voluntad de la asamblea”. Abundó que “la corresponsabilidad entre el agente y el consejo de ancianos es elemental para la resolución de conflictos, el agente no puede impartir justicia sino se encuentra el consejo de ancianos. Lo que nosotros hacemos es preguntar por qué el origen de los problemas, preguntarle a las partes involucradas por qué actúan de esa manera”.

Destacó que las autoridades siempre privilegian el diálogo, por ello, las determinaciones no son autoritarias, no obstante, cuando todos estos procedimientos se agotan sin que se resuelva el problema, les indican a las personas en conflicto que acudan a la sindicatura de la cabecera municipal como segunda instancia del sistema de justicia indígena.

Por su parte, Cilvia (sic) Bernardino Márquez, secretaria municipal de San Pedro Amuzgos, Putla, Oaxaca, comentó que “el consejo de ancianos es un apoyo muy importante para la resolución de conflictos; asimismo, los asuntos de carácter político en la población son un obstáculo para fortalecer los sistemas normativos en materia de justicia”, sin embargo, en dicha comunidad ha sido de vital importancia el acompañamiento de la asociación civil Código DH “para auxiliar en la solución de conflictos”.

“Nosotros aunque manejamos el Bando de Policía y Buen Gobierno, en el que viene un catálogo de situaciones que son de nuestra competencia, la gente siempre quiere que nosotros como autoridad resolvamos sus problemas aunque el hecho no esté en el Bando y así lo hacemos, por ello, los tatamandones confían plenamente en nosotros, pero en dado caso que por alguna situación no pudiéramos en un primer momento, los resolvemos conjuntamente con ellos”, puntualizó  César López Agustín, síndico suplente de Santa María Huazolotitlán, Jamiltepec, Oaxaca.

Externó que en su comunidad, al igual que otras, tienen un problema con los profesionistas quienes al no conocer la forma en cómo se imparte justicia, piensan que las autoridades incurren en una constante violación a los derechos humanos y que sus actos son arbitrarios, por eso, siempre quieren acudir ante algún organismo de derechos humanos para quejarse.

Las anteriores afirmaciones se dieron en el marco de la reunión de autoridades denominada “Dialogando entre justicias”, organizada por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, asociación civil (CEPIADET A. C.), y realizada en esta población el fin de semana. En esta actividad, participaron autoridades de San Juan Colorado, Santa María Huazolotitlán, San Pedro Amuzgos, El Huamuche, Santiago Ixtayutla, Pinotepa de Don Luis, Santa Catarina Mechoacán, Santiago Yaitepec; así como Juan Carlos Martínez Hernández, Abel Cruz Jacinto, María del Pilar Marroquín, juez mixto de primera instancia de Jamiltepec, agente del ministerio público adscripto del juzgado mixto y visitadora regional en Puerto Escondido de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.