Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta presentación, Dra. María Isabel Grañén Porrúa, presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú; Lic. Abigail Uc Canché, Directora Adjunta de Coordinación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI); Dr. Sebastián Van Doesvurgh, Director de la Biblioteca de la Investigación Juan de Córdova; Lic. Ana Mireya Santos López, Magistrada Presidenta de la Sala de Justicia Indígena y 5ª Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca… instituciones gubernamentales, organizaciones civiles, autoridades comunitarias, distinguidos todos los que nos acompañan en este evento.
“Solo tengo mérito como un sobreviviente ante el desprecio a la identidad y sentido de pertenencia por conservar la lengua de nuestros antepasados. El de sobreponerme a la discriminación y racismo” Jorge Miguel Cocom Pech, Premio de Literaturas Indígenas en México 2016.
El INEGI en el año 2015, registró que el 65.7% de la población de Oaxaca se reconoció como indígena, el 32.2% de habitantes de la entidad hablamos una lengua indígena; conforme a los datos del INALI, Oaxaca concentra el 48% de la diversidad lingüística de todo el país; estos, son sólo algunos datos que reflejan la diversidad cultural, lingüística y jurídica que los Pueblos Indígenas poseen y que durante decenios han logrado mantener.
Paradójicamente, según datos oficiales, la entidad ocupa los últimos lugares en índice de desarrollo humano, en acceso a la salud, en educación…
En materia de administración de justicia, reconocemos los esfuerzos institucionales, de la sociedad civil y de las instituciones académicas, quienes han desarrollado acciones, entre las que destacan la formación académica y creación de padrones de intérpretes de lenguas indígenas (más de 100 intérpretes formados, padrones como el PANITLI, el del Poder Judicial de Oaxaca, de la CDI, entre otros); la contratación de defensores con conocimiento de lengua y cultura; la actualización académica de servidores públicos en la materia (cursos de especialización sobre diversidad lingüística y pluralismo jurídico, seminarios permanentes en materia de derechos humanos); además mencionar que de acuerdo a los datos del CEPIADET, en materia federal se ha logrado reducir en más del 70% la falta de intérpretes en los juicios en comparación con el año 2012, en donde según datos de la CDI, más del 90% de presos indígenas, no había contado con intérprete.
Aún con los esfuerzos referidos, sigue existiendo lo que el ex relator de la Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, denominó “LA BRECHA DE IMPLEMENTACIÓN” es decir, una distancia entre lo que se reconoce normativamente y lo que sucede en el ejercicio cotidiano de los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas; sólo por citar algunos datos, de acuerdo al parámetro establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de intérpretes, la entidad sólo cuenta con el 13.7% de intérpretes formados y certificados; en materia de defensores con conocimiento de lengua y cultura a nivel local y federal, no logramos cubrir siquiera el 8% de las variantes reconocidas en Oaxaca; además de lo anterior, existe a nivel local una carencia presupuestal de mas de 42 millones de pesos para el pago de viáticos y honorarios de intérpretes de lenguas indígenas, lo que representa en el ejercicio fiscal 2016, el 3.09% del presupuesto destinado a administración de justicia en la entidad; a nivel federal, en los últimos tres años, se ha logrado avanzar sustantivamente en el tema del pago de los intérpretes, lo cual dignifica su labor, sin embargo, siguen existiendo pendientes, como la formación continua y la cobertura total de variantes lingüísticas de la entidad.
Desde CEPIADET, a través de diversos informes y diagnósticos, hemos señalado las deficiencias en materia de acceso a la justicia en relación a los derechos reconocidos constitucional y convencionalmente a los Pueblos Indígenas; hemos manifestado nuestra preocupación con respecto a lo reiterado por distintas instancias locales, nacionales e internacionales sobre la discriminación y racismo que permean en los diversos espacios, aspectos recurrentes que se vuelven obstáculos para que los Pueblos Indígenas gocen cabalmente de sus derechos.
Sobre todo porque ante la complejidad de garantizar este derecho, se han recurrido a prácticas como el obligar a una persona a renunciar a este derecho con el pretexto de que al hablar el español ya no requiere del intérprete, o el de emplear a cualquier persona como intérprete sin que se verifique el nivel de inteligibilidad y sólo para cumplir con un requisito procedimental.
Esto, en lugar de ayudar provoca sistemáticas violaciones a derechos fundamentales de las personas sujetas a algún proceso, también es motivo para interminables reposiciones de procedimiento que para nada contribuyen a hacer efectivo la aspiración de tener una justicia pronta y expedita.
Al respecto, en septiembre de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo Directo en Revisión 5324/2015 dejó en claro que el derecho a contar con un intérprete “es disponible más no renunciable”.
Ante este escenario, la BIJC, el INALI, el PJO y CEPIADET, nos hemos tomado la iniciativa de construir el material que hoy se presenta. NDIYA, es una herramienta que parte de un diagnóstico a través de las diversas actividades que desarrollamos en la materia, asimismo, considera y recoge las demandas y necesidades que hemos detectado en los diversos espacios de justicia en la entidad.
NDIYA, como su nombre lo dice en Ixcateco, busca ser el camino para reconocer, dignificar la diversidad cultural, lingüística, jurídica, territorial, política de los Pueblos Indígenas. Si bien es cierto, NDIYA, no resuelve los problemas estructurales de justicia que actualmente enfrentamos como sociedad, pero consideramos, que se vuelve un aporte modesto, que contribuye al reconocimiento y diálogo que tanta falta nos hace en este momento.
Señores y señoras, recientemente opera en todo México el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), pero también enfrentamos una crisis social a nivel local, nacional e internacional que no se puede ocultar, muestra son los últimos acontecimientos que hemos visto.
Esta situación requiere una autocrítica en todos lo espacios, este llamado de atención a modificar lo que no está funcionando es elemental para lograr una sociedad justa e igualitaria. De no revisar y corregir, nos encontraremos ante un escenario con graves consecuencias.
Ojala NDIYA, sea un granito de arena que contribuya a reconocernos en estos momentos de complejidades; ojalá, sea un aporte para todos y todas, para valorar los principios epistémicos de los Pueblos Indígenas, de reconocer que la diversidad es vital para la sobrevivencia humana, pero sobre todo, de generar las condiciones para garantizar los derechos humanos individuales y colectivos reconocidos a los Pueblos Indígenas.
Muchas gracias
Tomás López Sarabia
Presidente del Consejo Directo del Centro Profesional de Asesoría, Defensa y Traducción, A. C.