Racismo crónico y lenguas indígenas en el sistema educativo

Gabriel Sánchez Cruz*

El arcoíris terrestre, tiene más colores que el arcoíris celeste,

pero nuestras cegueras nos impiden verlas;

                                                                                           el racismo es una de esas cegueras,

enemigas de la diversidad.

(Eduardo Galeano)

En términos de Eduardo Galeano, Oaxaca es una clara analogía de ese arcoíris terrestre; rica en diversidad cultural y lingüística, la entidad oaxaqueña ocupa el primer lugar en este rubro debido a los 16 pueblos indígenas y el pueblo negro afromexicano que la habitan, además de que en su territorio se hablan aproximadamente 176 variantes lingüísticas. Desafortunadamente, esta gran riqueza ha estado amenazada en todo momento por un gran enemigo público llamado racismo; en la calle, en la escuela, en los juzgados, hospitales y demás instituciones gubernamentales los servidores públicos y ciudadanos en general reproducen prácticas racistas en contra de los que hablan alguna lengua indígena o simplemente no son de piel blanca. Hablar una lengua indígena debería ser motivo de orgullo, sin embargo, es causa de discriminación, burla y exclusión.

A propósito de ello, recientemente, leímos en un periódico local una nota donde padres de familia denunciaban, entre otras cosas, “discriminación racial” por parte de una profesora de nivel primaria. Los denunciantes, originarios de la comunidad zapoteca de San Juan Atepec, Ixtlán de Juárez, señalaron que la profesora “agredía” a los alumnos “por hablar su lengua indígena” (NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, 15 de abril de 2015). Tristemente, casos como estos son el pan de cada día en una sociedad con serios problemas para reconocer sus raíces indígenas, derivado de programas y políticas gubernamentales que tienen la deliberada consigna de suprimir lo indio.

Ya en otras ocasiones hemos tenido conocimiento de estos actos de discriminación en las aulas, más aún, nosotros mismos hemos sido objeto de alguna burla, ofensa o represión por hablar nuestra lengua indígena; más de uno recordará la prohibición que los profesores hacían a los padres de familia para que no se comunicaran con sus hijos en lengua indígena, porque argumentaban que dificultaría el aprendizaje del menor, situación que es del todo falsa.

Ante este penoso escenario, es evidente que el Estado mexicano ha incumplido con su responsabilidad de brindar una educación con pertinencia lingüística y cultural; y así garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. No se han generado políticas públicas estratégicas y eficaces que permitan revertir los efectos devastadores de este racismo crónico que conduce a las lenguas indígenas a su extinción.

En nuestro país, existen diversos instrumentos legales nacionales y de origen internacional que reconocen el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a usar, preservar y desarrollar sus lenguas, por ejemplo, el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; particularmente en nuestro estado, existe la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, sin embargo, también existe una gran brecha que no permite su materialización.

Tomando en consideración el acto racista que motivó estas líneas, es inevitable mencionar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por México, pero con poco éxito en su implementación; en relación al tema de la educación, dicha Convención reza en su artículo 7: “Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos…”

Con el ánimo de evidenciar más que de reconocer, quizá sea pertinente mencionar algunas acciones poco exitosas que el Estado mexicano ha implementado en el ámbito educativo, por ejemplo, la creación de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB), ambas emanadas de la Secretaría de Educación Pública (SEP); su poco o nulo éxito obedece a múltiples factores que van desde lo burocrático, lo político, lo sindical, la formación de docentes y la inadecuada distribución de éstos en zonas que no corresponden a sus lenguas indígenas, aunado a la poca proactividad de los mismos profesores.

En el contexto oaxaqueño, también se han creado diversas instituciones en materia educativa con el ánimo de fortalecer y revitalizar las lenguas indígenas, para ello contamos con el Centro de Estudio y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO), la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), entre otras; de éstas, podemos tener opiniones encontradas sobre su eficacia, sin embargo, cuando vemos la alarmante noticia de que al Chocholteco le sobreviven 476 hablantes y al Ixcateco 33, queda claro que es necesario multiplicar esfuerzos.

Regresando al incidente de San Juan Atepec, y como lo señala la nota periodística de referencia, la inconformidad de los padres de familia los llevó a presentar una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO/390/(08)/OAX/2015, misma que derivó en medidas cautelares a favor de los menores, instruidas a la profesora, al director del centro educativo y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), sin embargo, hasta la fecha se encuentra en trámite, aunque realmente no hay que esperar mucho de ello, pues es por todos sabido de la poca eficacia que tienen las medidas que dicta la Defensoría, al no poseer fuerza vinculante o poder legal alguno, sino un carácter moral, en este sentido, queda a criterio de la institución destinataria si las cumple o no.

Hasta el día de hoy, no ha existido fórmula o antídoto alguno que nos cure de este racismo crónico que mata poco a poco nuestro Arcoíris terrestre. Muchas lenguas originarias han librado una desigual batalla de más de quinientos años contra la dominación e imposición de una lengua y cultura hegemónicas, pero difícilmente resistirán otros quinientos años más; es tiempo entonces de hacer un recuento de los daños, de evaluar acciones, de replantear estrategias y reivindicar la dignidad de nuestros pueblos. Los funcionarios y las instituciones de gobierno -y no sólo las educativas- deben activar su sentido común y reconocer que los esfuerzos hechos hasta ahora no están siendo del todo eficaces; los propios indígenas también deben asumir una actitud proactiva en este replanteamiento de acciones y de resistencia; quizá sea tiempo, entre otras cosas, de retomar, por ejemplo, los principios y espíritu de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, en el sentido de “corregir los desequilibrios lingüísticos de manera que se asegure el respeto y el pleno desplegamiento de todas las lenguas y establezca los principios de una paz lingüística planetaria justa y equitativa, como factor principal de la convivencia social”. Podríamos también, en buena medida, retomar lo sugerido por Bruno Baronnet, respecto de recuperar la capacidad que tienen los indígenas para “revalorizar, desde la asamblea a la escuela, los conocimientos generales, prácticos y éticos que estiman útiles y prioritarios para fortalecer su dignidad…”, entre ellos, sus lenguas indígenas.

En fin, para lograr el verdadero ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, se requiere además de leyes y reformas, mucha buena voluntad, disponibilidad política, recursos económicos pero principalmente, estar convencidos y orgullosos de nuestra diversidad lingüística; debemos ser conscientes de que las lenguas indígenas son patrimonio de todos los oaxaqueños, de todos los mexicanos, no solamente de sus hablantes y si ese patrimonio se llegase a perder, ya no tendremos más esa nación pluricultural, de la que tanto se ufana nuestra Constitución Federal, por el contrario, nuestra sociedad experimentaría algo parecido a una miserable y limitada posibilidad de entender y expresar el mundo.

No sigamos pues reaccionando ante incidentes vergonzosos y mediáticos, tampoco esperemos cada 21 de febrero para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna,  tomarnos la foto y aventar infinidad de discursos que se pierden en el aire, junto con sus buenas intenciones. Las lenguas indígenas se celebran y se defienden todos los días, desde que sale el sol, y cuando éste se oculta, por una simple y sencilla razón, porque el sol y la noche también se pronuncian en las lenguas indígenas y esa, señoras y señores, es la mejor forma de defender y conmemorar nuestras lenguas indígenas: pronunciándolas.

* Zapoteco (Binnizá) de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), Oaxaca, integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET A. C.), gubidxa1982@gmail.com